Representantes institucionales, del ámbito jurídico y de diversas organizaciones sociales tuvieron la oportunidad de compartir sus diferentes experiencias a lo largo de esta jornada, organizada con la colaboración de la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco.

El diagnóstico general es que dos años después de la aprobación de la nueva Ley sigue siendo necesario poner los medios adecuados para hacer efectivo su desarrollo e implantación. Una de las principales reflexiones que comparten todos los agentes implicados, desde la administración de justicia, hasta los servicios sociales y las entidades que acompañan a estas personas, es que aún queda mucho por hacer.

David Mayor, fiscal adscrito a la Unidad de Discapacidad y Mayores de la Fiscalía General del Estado, desarrolló la conferencia inaugural de la jornada subrayando que “la nueva Ley exige que las antiguas tutelas sean sustituidas por un sistema de apoyo mucho más personalizado y más respetuoso con los deseos y la voluntad de la persona con discapacidad, lo que supone la necesidad de más esfuerzo, medios y tiempo para ofrecer una atención más personalizada, especialmente por parte de las entidades sociales.

Precisamente estas entidades, que actúan como guardador de hecho o curador, se topan con numerosas dificultades en las gestiones del día a día en su relación con las entidades financieras o con otros organismos.

En su intervención, Mayor defendió una mayor implicación y una coordinación muy fluida entre Fiscalía, juzgados, servicios sociales y asistenciales. En este sentido, señaló que Euskadi, y Gipuzkoa en particular, tienen un modelo de atención a la discapacidad “muy desarrollado y completo”, a pesar de lo cual, “queda mucho por hacer”. “Apenas estamos a un 10% en el desarrollo de todas las posibilidades que tiene esta ley; se va a necesitar tiempo, entre otras para revisar todas las incapacitaciones antiguas, y se van a precisar “más medios y juzgados, secciones de fiscalía, personal en la administración de justicia y psicólogos y médicos forenses especializados en discapacidad para llevar adelante esta labor”.

En la inauguración oficial de la jornada, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, señaló que “el incremento de la longevidad en Euskadi ha obligado a redefinir la vejez, que engloba a personas y autónomas a edades cada vez mayores y a personas dependientes que precisan apoyos y cuidados, por ello, ”el Plan de Acceso a la Justicia para las Personas con Discapacidad” prevé la mejora en los procedimientos de provisión de las medidas judiciales de apoyo”.

Junto a Nerea Melgosa participaron en la apertura del acto la diputada foral de Cuidados y Políticas Sociales, Maite Peña, la Fiscal de Sala de la Fiscalía General del Estado, María José Segarra y el presidente de Hurkoa, José Luis de la Cuesta.

En el posterior desarrollo del encuentro se organizó una mesa redonda dedicada a las “Expectativas de la Ley” y en la que intervinieron la directora de la Fundación Malats Mentals de Catalunya, Victòria Monell; la representante de familiares, Rosalía Sánchez; y la directora del área de Medidas de Apoyo de Fundación Hurkoa, Susana Montesino.

La segunda mesa redonda denominada “Curatela y otras medidas de apoyo” contó con las opiniones de la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 14 de Bilbao -especializado en apoyos a personas con discapacidad- y delegada en materias de discapacidad del Consejo General del Poder Judicial en Euskadi, Patricia Arrizabalaga; el director de Justicia del Gobierno Vasco, Eugenio Artetxe y el presidente decano del Colegio del notariado del País Vasco, Diego Granados.

El Fiscal Jefe Provincial de Gipuzkoa, Juan Calparsoro, fue el encargado de clausurar la Jornada.